Nace el Instituto Juan de Mariana con la celebración del seminario Kyoto y su incidencia en la Economía Española
Agosto 2005
El Instituto Juan de Mariana ha organizado el primer seminario dedicado al protocolo de Kioto, y su influencia en la economía española. Ha contado con la colaboración del European Enterprise Institute, del Competitive Enterprise Institute y de la Universidad Rey Juan Carlos, en cuyas instalaciones se ha desarrollado el evento. El Seminario ha sido presentado por la Presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, que se ha felicitado de la iniciativa y de la creación del Instituto.
(Madrid) El acto ha estado dividido en dos mesas, que han tratado respectivamente la incidencia sobre la economía de España de la adopción del tratado, y algunas consideraciones científicas sobre el mismo.
El primer conferenciante fue el consejero de Caja Madrid Alberto Recarte. En su alocución ha destacado que los países comprometidos con Kyoto son principalmente Canadá, la Unión Europea, Japón y Australia. En total 34 países, “entre los que están Mónaco o Luxemburgo, pero no China o India”. Los que han quedado fuera del protocolo, la mayoría de los países del mundo, concentran la mayor parte de la población, del PIB y de las emisiones del mundo. Esto ocurre porque, en su opinión, “hay un complejo de los países desarrollados, que aceptan ser culpables de haberse desarrollado más que el resto, y haber emitido más CO2” y se muestran dispuestos a pagar “el pecado del desarrollo”.
Alberto Recarte ha expuesto los datos de consumo de energía mundial en el año 2003, que fue del equivalente a 9.400 millones de toneladas de petróleo. La Unión Europea y Japón, que concentran el núcleo de los países comprometidos con el tratado, consumieron en ese año el 13% del carbón mundial, el 30% del gas y el 25%. A partir de esos datos considera que las motivaciones de Kyoto no pueden estar limitadas al calentamiento global, que es su justificación, pues las reducciones de los países obligados son una pequeña parte del total.
Dentro de la UE, el país más perjudicado será probablemente España, según el economista del Estado Alberto Recarte, dado que “los países más afectados por Kioto son los más dinámicos, y España, junto con Irlanda, es la economía que más ha crecido en la última década, dentro de la UE”. Recarte ha destacado que nuestro país emitía 300 millones de toneladas de CO2 en 1990, y los acuerdos le permiten aumentarlos en un 15% en 2012, hasta los 336 millones. No obstante, según ha puntualizado “en el año 2000 las emisiones españolas eran ya de 384 millones, y en 2004 podrían situarse en torno a los 400”. En consecuencia, al llegar el año 2012, España tendrá que pagar una penalización por las emisiones en exceso sobre los 336 millones previstos. Sólo con las emisiones de 2004, y a un precio que, tirando por lo bajo, podría ser de 10 euros por tonelada de emisión, España tendría que pagar unos 700 millones de euros. Pero en opinión de Recarte, los principales costes que habría de afrontar la economía de España serian los procedentes del control administrativo de la economía, que prevé la aplicación del tratado.
Juan José Toribio, Presidente del IESE y ex director ejecutivo del FMI, resumió y explicó los principales hallazgos del estudio que coordinó él, dedicado a la influencia del protocolo en la economía española, y que halló que el coste mínimo sería de 19.213 millones de euros. El coste anual calculado es de 2.400 millones de euros. Esta cantidad es, en palabras de Juan José Toribio, “dos veces lo que recibimos de fondos de cohesión en 2003, el año que más fondos ha recabado España”. También a vez y media el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, un 150% lo destinado a I+D, o la totalidad de los presupuestos del Ministerio de Economía.
En este cálculo no están considerados otros costes, como la influencia sobre la deslocalización de empresas, las distorsiones a la competitividad o las transferencias internacionales de rentas. Sobre el primer punto llamó la atención de que las limitaciones que impone el tratado harían que varias industrias se desplazaran a otros países, como Méjico o China, en los que la emisión de CO2 es superior a la española. En consecuencia, no sólo sufriría la economía española, sino que las emisiones de este gas de efecto invernadero podrían aumentar, en otros países.
El tercero en tomar la palabra fue Christopher Horner, Fellow del Competitive Enterprise Institute Christopher Horner, y counsel del Cooler Heads Coalition. Christopher Horner se lamentó de lo mal que informan los medios de comunicación sobre la posición de los Estados Unidos al respecto de Kyoto. Recalcó que Estados Unidos es uno de los 155 países que no están comprometidos con el tratado, que han ratificado 34 naciones, muchas de las cuales pertenecen a la Unión Europea. En consecuencia “Es la Unión Europea la que está aislada, no los Estados Unidos”. Paradójicamente, según recuerda Horner, Estados Unidos “incumple las exigencias de Kyoto mucho menos que varios países europeos, España incluida, que tampoco están alcanzando sus compromisos”.
También recordó que el Senado votó en contra del Tratado con 95 votos en contra y ninguno a favor. No obstante, y por indicación de la compañía Enron que tenía grandes intereses económicos en su aprobación, el Presidente Clinton firmó el tratado, que más tarde no fue ratificado. Un informe de la compañía eléctrica Enron, hoy cerrada por llegar a la quiebra tras haber engañado a los accionistas con artificios contables, decía una vez aprobado el protocolo: “Es justo por lo que nosotros hemos estado haciendo lobby”. Y más adelante, “¡esto será muy bueno para la cotización de Enron!”. Horner fue abogado de la compañía en aquellos años y la abandonó por desacuerdos sobre este aspecto.
La segunda mesa ha estado dedicada a la base científica del protocolo de Kioto, con conferencias al cargo de Francisco Capella, astrofísico, y de Gabriel Calzada, profesor de Economía de la Universidad Juan Carlos y Presidente del Instituto Juan de Mariana. Francisco Capella ha resumido el funcionamiento del clima para exponer el estado actual de las investigaciones relacionadas con el cambio climático. Ha destacado que “un calentamiento global moderado tiene efectos positivos y negativos, pero en general el calentamiento tiene mejores efectos que el enfriamiento”, tanto para la agricultura y los bosques, como para “la mitigación de los extremos climáticos”. También ha indicado que la controversia no está en lo que las emisiones de CO2 pueden calentar la atmósfera por sí mismas, sino en el efecto que este calentamiento puede tener sobre otros elementos del complejo sistema climático del planeta. “Esta retroalimentación puede ser positiva, negativa o una mezcla de ambas en la que no sabemos aún qué parte tiene más peso”, afirmó.
Gabriel Calzada ha expuesto la teoría del principio de precaución, que exige que cualquier innovación demuestre que no es ni será nunca dañina, colocando al protocolo como un ejemplo de su aplicación. Aparte de la imposibilidad teórica de probar que algo no produzca daño ni tenga riesgo alguno, Calzada ha indicado que “la presunta reducción de los riesgos que se pretenden evitar con la aplicación del principio de precaución no evitan que surjan otros riesgos debidos a las regulaciones impuestas en su nombre”. Como ejemplo, mostró el caso del DDT, que fue prohibido para prevenir un posible riesgo de reducción de la población de aves y tuvo como consecuencia que una enfermedad casi erradicada como la malaria produzca desde entonces entre 1’5 y 2 millones de muertes al año. Por último, argumentó que quienes proponen la aplicación del principio de precaución nunca exponen sus medidas al mismo principio. “¿Realmente algún ecologista puede asegurar que el protocolo de Kyoto no es dañino para el hombre ni va a provocar nunca daños en el futuro? Los economistas del primer panel ya han demostrado, de hecho, que no es así”.
El catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos Jesús Huerta de Soto ha hecho una semblanza del Jesuita Juan de Mariana, y se ha felicitado por la iniciativa del Instituto del mismo nombre de acercar los problemas sociales desde un punto de vista liberal. Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, también ha saludado el nacimiento del instituto y ha expuesto su opinión de cómo los valores de la libertad, la propiedad privada y el Estado de Derecho no sólo no son incompatibles con el mantenimiento del medio ambiente, sino que son más poderosos que la aplicación del socialismo.
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